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Agentes de Cooperación

La Ley 6/2009, de 10 de octubre, de Cooperación para el Desarrollo, dedica su Capítulo V a enumerar y explicar quiénes son considerados agentes de cooperación al desarrollo en Castilla y León, así como sus ámbitos naturales de trabajo, de acuerdo a sus características y funciones en la sociedad.

De esta manera, se consideran agentes a aquellas entidades, de carácter público o privado, que intervengan en las tareas de cooperación al desarrollo y compartan y respeten los objetivos y principios previstos en la Ley.

Tendrán un papel especial, como interlocutores permanentes con la administración de la comunidad autónoma en materia de cooperación, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, a través de sus órganos representativos y de coordinación. Esta interlocución se llevará a cabo a través de los organismos consultivos y de participación previstos y en la forma que reglamentariamente se determine.

En la ley, se reconoce a todos los actores por igual sin ninguna limitación ni en la asignación de instrumentos y modalidades, ni en la asignación de recursos.

Pese a todas las diferencias que caracterizan a los agentes de cooperación al desarrollo, todos comparten, y eso es lo que los define como parte del sistema de cooperación, el objetivo de luchar contra la pobreza y sus causas y promover el desarrollo humano sostenible.

El papel que cada uno de los agentes puede adoptar en el marco de la política de cooperación para el desarrollo, sus roles diferenciados, pero complementarios, deben entenderse como un valor positivo, impulsando la actuación y el trabajo de cada uno en aquellas áreas en las que cada uno mejor puede aportar por su propia naturaleza, su experiencia y su saber hacer.

Están considerados Agentes de Cooperación:

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 La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las entidades locales

Las administraciones públicas descentralizadas así como las comunidades autónomas, las diputaciones o municipios, se han constituido como un agente imprescindible en la implementación de la política de cooperación al desarrollo de España. 

Esta función no debe limitarse al aporte de fondos y al correspondiente seguimiento económico, sino que también deben aportar parte de la base teórica al diseñar, planificar, coordinar y promover la cooperación al desarrollo desde el valor añadido que, por la experiencia en la gestión de servicios a la ciudadanía, pueden ofrecer.

En este sentido, la Junta de Castilla y León, dentro de la idiosincrasia propia de la cooperación descentralizada, puede y debe aportar la experiencia que dentro de la Comunidad Autónoma tiene en la gestión de competencias en cualquier ámbito de la gestión pública orientada al bienestar y desarrollo de su ciudadanía. Esto implica apostar no sólo por su papel como financiador, sino superar éste diseñando, impulsando y prestando apoyo a proyectos de desarrollo basados en medidas de asistencia técnica.

 

 Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)

 

Considerando como tales a las que cumplen los siguientes requisitos:

 

  1. Ser entidades privadas, legalmente constituidas y sin ánimo de lucro.

  2. Establecer expresamente en sus estatutos que entre sus objetivos se encuentra la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación al desarrollo.

  3. Gozar de plena capacidad jurídica y de obrar y disponer de una estructura susceptible de garantizar el cumplimiento de sus fines.

  4. Tener sede social o delegación permanente en la Comunidad de Castilla y León y estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Castilla y León en la forma que reglamentariamente se determine.

  5. No tener relaciones de dependencia, ni directa ni indirecta, de instituciones públicas, sean autonómicas, estatales o internacionales. Existen dos excepcionalidades: Unicef y Unrwa, ya que la entidad que se registra y trabaja en nuestra Comunidad no es la Agencia de Naciones Unidas sino el Comité español y, en su caso, la delegación de Castilla y León.

 

Las Organizaciones no gubernamentales de desarrollo han tenido una posición preeminente como expresión de la solidaridad de los ciudadanos. En los últimos años han colaborado en la implementación de más del 95 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. No obstante, su papel no se limita a la implementación de proyectos en el marco de la ayuda económica no reembolsable, sino que su trabajo es fundamental en cuanto a  la intermediación con socios locales y beneficiarios de las intervenciones o en la movilización social, entre otros muchos aspectos. 

La característica más remarcable de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo es su compromiso con la innovación o adaptación en el ámbito de la cooperación, promoviendo los procesos de transformación social.

No obstante, la realidad asociativa de nuestra región tiene unos rasgos definitorios propios que se han ido agudizando en el actual contexto económico: con más de 220 entidades registradas, destaca la gran polaridad de asociaciones; en la mayoría de los casos pequeñas entidades gestionadas por personal voluntario, o bien delegaciones de entidades más grandes de ámbito nacional; en este caso, con escasa capacidad de decisión respecto de los proyectos y procesos de desarrollo que son impulsados desde la organización nacional, lo cual dificulta la interlocución y el alineamiento con las prioridades de Castilla y León.

Por otro lado, es esta debilidad la que determina que el porcentaje que lleva a cabo acciones educación para el desarrollo en el ámbito de Castilla y León no alcance el 50%, centrándose las restantes ONGD en actividades de captación de fondos y visibilidad.

 

 Las universidades y otras instituciones de enseñanza o investigación

A efectos de la ley, la cooperación universitaria para el desarrollo es aquella que realizan las universidades, por sí o en colaboración con otros agentes públicos o privados, con el fin de fomentar y apoyar estrategias de desarrollo.

La Junta de Castilla y León fomentará estrategias comunes de actuación con las universidades de la Comunidad en la formación y en la investigación para el desarrollo, promoviendo el intercambio de conocimientos y recursos humanos especializados mediante la cooperación interuniversitaria.

Las universidades públicas de Castilla y León son las entidades que han tenido un papel más activo entre las instituciones de enseñanza o investigación. No obstante, es evidente que los fondos implementados por las universidades públicas de Castilla y León deben centrarse en potenciar aquellos aspectos y cualidades que le son propios, como son los siguientes:

  1. Fortalecimiento institucional de las universidades y otros centros de enseñanza e investigación de países empobrecidos.
  2. Transferencia de conocimientos y de tecnología adaptados a las condiciones locales.
  3. Asesoramiento técnico a proyectos y programas.
  4. Investigación para el desarrollo.
  5. Formación de profesionales en los ámbitos de la cooperación.
  6. Formación de formadores.
  7. Fomento del voluntariado y formación inicial de los estudiantes en la cooperación al desarrollo.
  8. Educación y sensibilización social para el desarrollo.
 Las empresas y organizaciones empresariales

Las empresas y las organizaciones empresariales de la Comunidad de Castilla y León podrán contribuir a los esfuerzos de la cooperación al desarrollo, aportando su experiencia y recursos en los distintos sectores de su actividad. Su participación en programas, proyectos y acciones de desarrollo cofinanciados por la Comunidad de Castilla y León se articulará siempre asegurando el carácter no lucrativo de esta actividad y respetando los principios, objetivos y prioridades de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo.

Todo ingreso obtenido de las acciones de cooperación al desarrollo realizadas por las empresas y organizaciones empresariales deberá ser contabilizado con total transparencia y reinvertido en actividades de desarrollo, ayuda humanitaria o educación al desarrollo de las poblaciones de los países empobrecidos.

La cooperación al desarrollo que se realice a través de las empresas u organizaciones empresariales regionales en colaboración con la Administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, así como el desarrollo local de las comunidades receptoras de ayuda.

La participación empresarial en la cooperación al desarrollo que se ejecute con fondos específicos y diferenciados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en esta materia irá dirigida, básicamente, a los siguientes ámbitos:

  1. Creación y fortalecimiento del tejido económico y empresarial.
  2. Transferencia de conocimientos empresariales y tecnología.
  3. Implantación de buenas prácticas empresariales.
  4. Formación de capital humano.
  5. Prestación de asistencia técnica.
  6. Fomento del asociacionismo empresarial.
 Los sindicatos y las organizaciones sindicales

Los sindicatos y sus organizaciones orientarán preferentemente la cooperación para el desarrollo realizada en colaboración con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a la defensa y promoción de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, así como al fomento de la economía social y la creación de empleo, como elementos básicos de la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos.

La cooperación sindical realizada con fondos específicos y diferenciados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de cooperación al desarrollo se centrará, principalmente, en los siguientes ámbitos:

  1. Fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los países empobrecidos.
  2. Apoyo a políticas de generación de empleo.
  3. Promoción de políticas de prevención, salud laboral y seguridad en el trabajo.
  4. Asistencia técnica en políticas de formación y cualificación profesional.
  5. Fomento de la igualdad laboral entre mujeres y hombres.
  6. Apoyo a la erradicación de la explotación laboral infantil.
  7. Educación y sensibilización social para el desarrollo entre los trabajadores y trabajadoras españoles.

Tradicionalmente, las organizaciones sindicales han participado en el sistema de cooperación al desarrollo de Castilla y León a través de las ONG que dependían estructuralmente de ellos. Dichas entidades han tenido marcada una línea de trabajo centrada en las intervenciones destinadas a defender los derechos sindicales y laborales en América Latina.

La especifidad y naturaleza de sus intervenciones requieren de unas estructuras de base y de unos sistemas nacionales mínimos, que hacen muy complicada su incidencia en los países de menor Índice de Desarrollo Humano y, especialmente en África Subsahariana, donde la debilidad institucional es ya de por sí un hándicap para desarrollar las medidas propias de las organizaciones sindicales, en el marco de las prioridades estratégicas en materia de cooperación al desarrollo. Es este uno de los retos que afronta el II Plan Director, definir su espacio propio en el marco de las prioridades regionales en la materia.

 Las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior

La Administración de la Comunidad podrá organizar, coordinar o participar en campañas, programas o iniciativas diversas de solidaridad con las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior, así como con la población de los receptores de la ayuda.

Estas actuaciones se centrarán preferentemente en territorios con una situación socioeconómica caracterizada por la existencia de necesidades básicas evidentes y en favor de las personas con más carencias.

Como agentes reconocidos en la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo, el valor de las comunidades de Castilla y León en el exterior como actores en este ámbito se encuentra en la fortaleza e implantación en las comunidades en las que residen y la posibilidad de generar impacto e influir en procesos sociales en dichos ámbitos. 

La experiencia que tenemos hasta ahora nos indica que, la falta de formación respecto de las metodologías, procedimientos y principios orientadores de la cooperación al desarrollo de Castilla y León, condiciona las posibilidades de ejecución con dichos sectores y que las líneas de acción deben centrarse, previamente, en compensar dichas debilidades formativas en el marco de los principios de calidad y eficacia de la ayuda al desarrollo.