LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ARQUEOLOGÍA: LA IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN EN EL SIGLO XXI

“Ni los tesoros arqueológicos son nuestros ni se han desenterrado con medios personales y, por otra parte, la ciencia como placer solitario de cerebros monstruosos, sin raíz ni difusión social, no sería de ningún modo apreciable”

(Luis Pericot, 1953).

El sentido y la razón de ser de la Arqueología han ido evolucionando en el transcurso del tiempo, desde que hace siglo y medio adquiriera el estatus de disciplina científica. Con anterioridad, excluyendo la labor excepcional de algún sabio del Siglo de las Luces como Winckelmann, todavía sería más apropiado hablar de Coleccionismo que de Arqueología, pues la atención que se prestaba a los objetos antiguos relacionados con la conducta humana no era muy distinta de la dispensada a cualquier curiosidad del mundo natural. Desde mediados del XIX, sin embargo, ya es legítimo hablar de una ciencia que, a través de la recuperación y del estudio de los restos materiales de la cultura, se plantea como reto construir la gran narración de la historia de la Humanidad, muy particularmente de las sociedades más antiguas, anteriores a la aparición de la escritura.

La Arqueología actual atesora todavía, naturalmente, muchos de los rasgos de la disciplina primigenia. La excavación, por ejemplo, no ha dejado de ser su principal herramienta. También, por mucho que Paul Bahn afirme que nunca como hoy la Arqueología estuvo en condiciones de rendir tantos frutos con tan poco desgaste patrimonial, la excavación continúa siendo una actividad destructiva, lo que supone una limitación moral para su práctica. Y no menos cierto es que uno de los objetivos fundamentales de la Arqueología, aunque no necesariamente el más importante, sigue siendo recuperar restos antiguos para su conservación y exhibición, bien en los museos o in situ. Pero, dicho esto, sería absurdo negar que en los tiempos recientes la disciplina ha experimentado una verdadera revolución sobre la base de una profunda reflexión epistemológica, de una depuración de los métodos de registro y, especialmente, de la inmensa contribución de las llamadas “técnicas de laboratorio”.

Sin embargo, a pesar de la enorme transcendencia de estos cambios, de verme obligado a destacar una sola novedad en el campo de la moderna Arqueología, me decantaría por su empeño en dejar de ser una actividad minoritaria, exclusiva de la academia y de las elites intelectuales, para ponerse decididamente al servicio de toda la sociedad. El principal objetivo de la práctica arqueológica es, sin duda, generar conocimiento sobre las sociedades del pasado, pero tan importante como ello es el compromiso de que el destinatario de dicho conocimiento, con el inevitable filtro de los investigadores, sea la sociedad in extenso, abarcando a todos sus sectores y clases. Y es que la actividad arqueológica, aunque a veces no se haya reflexionado lo suficiente sobre ello, tiene que reportar beneficios a las sociedades que la promueven y convertirse en un instrumento de progreso, bien proporcionando a la gente de las zonas en que se desarrolla elementos de identidad y enseñanzas sobre su pasado, bien ofreciéndole la oportunidad de utilizar el patrimonio como instrumento de desarrollo económico. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 en su Preámbulo, es clara al respecto cuando afirma que cualquier actuación en nuestro ámbito “sólo cobra sentido si, al final, conduce a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo”. Y Ruiz Zapatero remacha: sin público, sin la complicidad de la gente, carecen de sentido el conocimiento, los sitios y los museos arqueológicos, de la misma manera que, sin una mayor integración de patrimonio y tejido social, difícilmente la conservación de los bienes arqueológicos llegará a ser, como resulta deseable, una prioridad para la sociedad civil.

Este es el nuevo paradigma de la Arqueología, que conmina a los poderes públicos a actuar en tres frentes: potenciar la investigación para acrecentar el conocimiento; garantizar la integridad de los bienes culturales descubiertos; y divulgar o difundir el conocimiento adquirido y el patrimonio exhumado, siempre con la intención última de que la sociedad receptora los disfrute intelectualmente (educación) y disponga de la oportunidad de aprovecharlos como elemento de desarrollo. Una actividad arqueológica, en suma, entendida además de como ciencia, como servicio público (Carta de Bruselas 2009).

Pero las cosas no siempre estuvieron tan claras ni siquiera en el terreno, tan bien conocido por los investigadores, de la responsabilidad científica. Todavía produce desazón comprobar cómo en 1870, cuando Grecia autorizó por medio de la firma de un tratado las excavaciones de Ernst Curtius en Olimpia, prácticamente toda la preocupación se centraba en la propiedad y el destino “de las obras de arte y de los objetos antiguos descubiertos”, relegándose a un segundo plano el compromiso de contextualizarlos e interpretarlos. Por fortuna el sabio Curtius no dejó de lado esta tarea, pero la reflexión sobre la importancia de las memorias de excavación no llegaría hasta más tarde, cuando sir Mortimer Wheeler denunció que los buenos arqueólogos no eran simples “recolectores de objetos” sino “recuperadores de hechos”.

Con esta reflexión, por fin se accedía a una Arqueología concebida como herramienta histórica, aunque completamente chata en el plano de la responsabilidad social por la ceguera de sus practicantes a la hora de reconocer la utilidad y el interés de su trabajo más allá de los límites de la academia. Algo, de todas maneras, que solo es cierto en parte porque hubo entre los pioneros quienes, como Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, jamás se desentendieron de la difusión de sus descubrimientos. Para muchos fue un outsider, pero en varios aspectos fue un revolucionario de la Arqueología. Tras localizar las riquísimas tumbas de pozo del Círculo A de Micenas, en las inmediaciones de la Puerta de los Leones, además de redactar una memoria de centenares de folios diseccionando el proceso de excavación, interpretó perspicazmente los hallazgos en el marco de la literatura homérica que tan bien conocía: “He descubierto las tumbas que la tradición, de acuerdo con las afirmaciones de Pausanias –comunica en primicia al Rey Jorge de los Helenos-, consideraba como los sepulcros de Agamenón, Casandra, Eurimedón y sus amigos, asesinados en el banquete ofrecido por Clitemnestra y su amante Egisto”. Pero su contribución no acabó ahí; tomando distancia de su paisano Winckelmann, que un siglo antes solo se dignaba a intervenir en los cenáculos más selectos y cultos, Schliemann hizo un gran esfuerzo “democratizador” de manera que sus descubrimientos figuraron en todos los periódicos y magazines de la época e impactaron de lleno en el gran público. “Tanto entre los sabios como entre la gente corriente –ha escrito C. W. Ceram- reinaba gran emoción. En todas partes, en casa y en la calle, en las diligencias rápidas y en los modernos ferrocarriles se hablaba de Troya y de Micenas. Todo el mundo estaba lleno de asombro y de curiosidad”. Schliemann, pese a no ser considerado por la mayoría de los sabios de la época un arqueólogo profesional, como lamentaba Dorpfeld, uno de sus colaboradores, fue sin duda un genio precursor de esa moderna Arqueología comprometida tanto con la generación de conocimiento como con la divulgación. Alguien que consiguió que la ciudadanía, en una era que estaba todavía muy lejos de ser la de la comunicación, permaneciera expectante ante sus hallazgos y los viviera como algo propio. ¿No es un efecto similar al producido en nuestros días por el exitoso plan de difusión de los yacimientos de Atapuerca?

Pero, en relación con el modelo de Arqueología comprometida socialmente que hoy nadie discute, Schliemann no fue el único adelantado a su tiempo. Otro insigne precursor fue el inglés Arthur Evans, también obsesionado por los relatos homéricos y excavador del yacimiento de Cnosos, en Creta. Descubrir, como él hizo, la Civilización Minoica, que fue la primera cultura europea propiamente urbana y dotada de escritura, justificaría por sí solo que este personaje figurase en letras de oro en los anales de nuestra disciplina; pero traerle ahora a colación responde a su decisión pionera (a comienzos del siglo XX) de promover la “puesta en valor” -algo tan moderno como eso- de las ruinas del palacio del rey Minos: un lujoso complejo de varios pisos, millar y medio de dependencias, espaciosas escaleras y áreas porticadas, con una extensión de dos hectáreas. Un siglo después, no faltan expertos en conservación que critican por excesivamente audaz e incluso por manipuladora (p.e. las pinturas del Salón del Trono) la restauración del sitio, ni tampoco quienes lamentan su irreversibilidad debido a la utilización -entonces revolucionaria- del hierro y del cemento armado; pero sir Arthur, un hombre comprometido, incluso políticamente, con los ciudadanos cretenses, actuó movido por el deseo de conservar y de poner al servicio del gran público unos hallazgos que estaban a punto de perderse. Hoy el complejo del Palacio de Cnosos, sin negar los problemas de interpretación que denuncia Papadopoulos, es el segundo conjunto patrimonial más visitado de Grecia tras la Acrópolis de Atenas, constituye un valioso documento para que cualquier visitante pueda hacerse una idea del poder y del prestigio de los reyes de Creta de hace cuatro mil años o del buen gusto de los arquitectos y pintores insulares de la Edad del Bronce, y, más importante si cabe, se ha erigido en un todo un símbolo de identidad que esgrimen con orgullo los habitantes de la isla.

A través de estas anécdotas, archiconocidas, lo que pretendo es poner de relieve que la determinación actual de democratizar la Arqueología, de reivindicar su función pública y de reconocer los beneficios de trasladar a la sociedad los conocimientos derivados de su práctica, no es, en rigor, nada nuevo, pues se hizo ocasionalmente en el pasado. Lo auténticamente revolucionario es la voluntad expresa de políticos y legisladores de actuar guiándose por esa convicción, de oficializar dicha postura, por más que siga siendo mucho lo que queda por hacer en la redacción de disposiciones sobre la gestión del patrimonio arqueológico. Las palabras de A. Álvarez Gutiérrez sobre el compromiso de los administradores resultan en este sentido reveladoras: “La difusión del patrimonio –reclama- constituye una obligación transcendental por parte de las autoridades com­petentes, cuya ejecución no parta de meras formalida­des, sino de regulaciones legislativas que impliquen el cumplimiento de las recomendaciones de UNESCO”.

Desde hace años, la Junta de Castilla y León participa plenamente de esta filosofía y, como consta en su Plan del Patrimonio Histórico o Plan PAHIS, se plantea como prioridad la gestión sostenible de los bienes culturales en tanto recurso para el desarrollo del territorio y del bienestar social. Para articular esa política se utiliza como palanca el conocimiento científico de los referidos bienes (documentación e investigación), pero no como un objetivo en sí mismo sino como plataforma sobre la que construir programas que hagan efectiva su conservación, protección, restauración, accesibilidad, promoción y difusión. No en vano, uno de los ejes del Plan, el nº 2, afirma sin ambages que toda esta política está orientada a conseguir que el patrimonio sea para todos y se convierta en un activo para el desarrollo económico y social. Proyectada esta política al campo concreto de la Arqueología, el brazo ejecutor viene siendo en gran medida la Dirección General de Patrimonio Cultural. Desde allí se impulsa la investigación, se promueve el acondicionamiento de los yacimientos para su visita pública, se crean centros de interpretación a modo de Aulas Arqueológicas, etc. Y también allí se gestan otros recursos complementarios para entender, disfrutar y rentabilizar el patrimonio arqueológico, como es el caso de la obra que hoy tengo el honor de prologar: una Guía de lugares arqueológicos de Castilla y León, que es edición revisada y ampliada del libro del mismo título que vio por primera vez la luz hace tres lustros.

No espere el lector encontrar en ella ni un exhaustivo vademécum de los yacimientos del territorio castellano-leonés (que, según el Inventario Arqueológico o IACyL superan los 20.000), ni un texto que se proponga resumir ingenuamente, en cuatro pinceladas, el discurso histórico de la Comunidad. En la guía se presentan y describen, con sus particulares problemáticas, alrededor de 90 yacimientos de una amplísima cronología, entre el Paleolítico Inferior y la Edad Contemporánea, cuyo común denominador es haber sido acondicionados para la visita pública. Yacimientos de lo más diverso: cuevas poblados, dólmenes, menhires y estaciones de arte rupestre de época prehistórica; esculturas y castros prerromanos; calzadas, minas, villas, campamentos y ciudades romanas; establecimientos artesanales, necrópolis, eremitorios, monasterios, castillos y poblados medievales; instalaciones industriales y fortalezas modernas e, inclusive, campos de batalla de época contemporánea, digo bien, contemporánea, que hora es de que los ciudadanos asuman que el término “arqueológico” no es, en puridad, sinónimo de “prehistórico” ni de “antiguo”. Y eso sí, también con alguna concesión a los tiempos geológicos muy anteriores al periodo histórico propiamente dicho, pues en absoluto se pasa por alto, por ejemplo, el interés de las icnitas o huellas de dinosaurio de Salas de los Infantes, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda.

Pero si, como se indicaba más arriba, la presente guía es una segunda edición ¿qué novedades introduce para merecer este nuevo paso por la imprenta? Muchas, porque su contenido es considerablemente más que un simple maqueado del texto original. Una novedad por sí sola suficiente para reimprimirla sería la considerable ampliación del número de sitios arqueológicos incluidos. Pero más importante todavía es que, desde aquella primera edición, la Junta de Castilla y León, en solitario o apoyando iniciativas locales, ha creado en torno a muchos de los yacimientos y de las áreas arqueológicas modernamente investigadas infraestructuras sobresalientes que facilitan a los visitantes una mejor comprensión del significado y relevancia histórica de los sitios. Es el caso, en la provincia de Ávila, de Las Tenerías de San Segundo, de los Hornos Postmedievales y del Centro de Interpretación sobre el pueblo prerromano de los Vettones (“Vettonia, Cultura y Naturaleza”). En tierras burgalesas, las novedades que se incorporan son la ruta “Tierra de Dinosaurios” (con varios yacimientos visitables de icnitas más el Museo de Salas de los Infantes), el parque Arqueológico de Roa, el complejo “Paleolítico Vivo” de Salgüero de Juarros y el menhir de Piedra Alta, en San Pedro Samuel. Otro tanto sucede en Palencia con el Museo del Cerrato de Baltanás, y en León, con la Ruta del León Romano (en la ciudad), los castros de Laciana, el Centro de Interpretación de los Castros Astures de Rioscuro y las pinturas rupestres de Vega de Espinareda. Ya en Salamanca, la Guía destacará los alicientes que entraña la visita al recién creado Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente o al Centro de Interpretación de la Muralla, ambos en la ciudad, además de a algunos de los más importantes castros de la provincia (Saldeana, Lumbrales, Irueña), o a la Vía de la Plata. Y el mismo halo de novedad registran numerosos recursos arqueológicos de Segovia (p.e. cementerio judío de Cuesta de los Hoyos y la muralla en la ciudad y la Calzada de la Fuenfría), de Soria (villa romana de La Dehesa de Cuevas de Soria y Centro de Interpretación “Castros y Pelendones” de Castilfrío de la Sierra), de Valladolid (Monasterio de la Armedilla, en Cogeces del Monte y el dolmen de Los Zumacales, en Simancas) y de Zamora (explotaciones auríferas romanas de Pino del Oro y villa, asimismo de época imperial, de Camarzana de Tera).

Hoy todos estos enclaves, junto a los iconos clásicos de la Arqueología de la Comunidad –Clunia, Tiermes, Las Cogotas, Numancia, Rosinos de Vidriales, Las Médulas, La Olmeda, Los Enebralejos, Almenara, Siega Verde, los dólmenes de Sedano, Atapuerca, etc- y a los Museos Provinciales, que es urgente recuperen su antiguo protagonismo social, son los principales activos para incitar al público a “consumir Arqueología” (González Méndez). Y la experiencia nos dice que lograrlo, esto es, interesar a la gente por el pasado, dependerá solo de cómo se gestionen tales recursos, porque adecuadamente investigados, debidamente protegidos y exhibidos, y dotados de la necesaria visibilidad a través de los medios de comunicación y las redes sociales, los bienes arqueológicos –está felizmente demostrado- nunca han dejado de contar con el favor popular. ¿Cómo no reivindicar en este escenario la importancia de las guías arqueológicas?

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