El resto de la norma entrará en vigor el 10 de diciembre de 2015, acomodándose así al plazo máximo que concede la Disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para que los órganos de la Comunidad Autónoma se adapten a las obligaciones que contiene.
Asimismo, la Comunidad Autónoma dispone de un plazo máximo de dos años, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2015, para adaptarse a las obligaciones contenidas en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno