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Carta de Servicios

La Carta de Servicios al Ciudadano, según regula el Decreto 230/2000, de 9 de noviembre, es un documento escrito que informa sobre los servicios que tienen encomendados los órganos administrativos, unidades y centros a que se refiere, así como sobre los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad en su prestación.

La Carta contiene los compromisos y estándares de calidad en la prestación de los servicios, así como los indicadores de gestión que permiten seguir el grado de cumplimiento de dichos compromisos.

La Carta, pues, no constituye ni reconoce nuevos derechos o servicios, sino que determina el nivel de calidad en la prestación de los ya existentes, añadiéndoles un compromiso público de prestación en unas condiciones predeterminadas y con unos indicadores o estándares ponderables sobre la calidad del servicio que va a recibir el ciudadano.

La primera Carta de Servicios al Ciudadano de las Oficinas Generales y Puntos de Información y Atención al Ciudadano se aprobó por Orden PAT/83/2003, de 27 de enero, siendo, por tanto, la primera Carta de Servicios aprobada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Mediante Orden PRE/792/2016, de 7 de septiembre, se aprobó su actualización para el periodo 2016-2019, dando continuidad al compromiso de mejora continua en los servicios de atención al ciudadano, contando para ello con la participación de sus empleados y la de su principal cliente, el ciudadano.

Se considera que la Carta de Servicios de las Oficinas Generales, Departamentales y Puntos continúa siendo una válida herramienta de comunicación con los ciudadanos, pero también de autoconocimiento y de superación, en la medida que está permitiendo tener en consideración la valoración y expectativas de nuestros usuarios acerca del servicio prestado, precisamente en momentos de cambio normativo y funcional tan significativos como los experimentados por las Oficinas de Asistencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a raíz de la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, siempre buscando el mejor servicio al ciudadano.