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Acuerdo con Justicia en materia de desahucios

Los jueces de la Comunidad podrán obtener un informe técnico de situación de los deudores hipotecarios antes de dictar una resolución de lanzamiento de la vivienda.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, rubricaron en Burgos el protocolo de actuación en materia de protección de las personas en situación de pérdida de vivienda habitual por causa de ejecución hipotecaria. Un acuerdo que favorecerá que los magistrados dispongan en el plazo de 10 días de un informe detallado de la situación de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda.

El protocolo se incluye en el Programa Integral de Apoyo de las Familias en Riesgo de Desahucio, impulsado desde la Gerencia de Servicios Sociales, con el ánimo de prevenir las situaciones de sobreendeudamiento familiar y atender en los casos de riesgo de pérdida de la vivienda de familiar como consecuencia del impago de la hipoteca.

La suspensión de los lanzamientos en determinados supuestos ya viene amparada por algunas medidas adoptadas por el Gobierno como ha sido la reciente Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. No obstante, tanto la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como el TSJ de Castilla y León, son conscientes de que podrían darse casos en los que hubiera ausencia o dudas sobre alguno de los requisitos fijados para la consideración de “especial vulnerabilidad” a fin de obtener una moratoria en el lanzamiento de la vivienda habitual; como también podría suceder que un ejecutado no solicitara del juez dicha suspensión por simple desconocimiento de tal posibilidad.

Así, a petición del juzgado o por propia iniciativa, los servicios sociales locales emitirán un informe valorado que podrá servir para que el juez pueda apreciar cada situación y ponderar las medidas a adoptar.

El protocolo contiene además el establecimiento de mecanismos de intercambio técnico y de información entre el TSJ y el personal técnico del programa. Se trata también de que el TSJ esté implicado y conozca las fases preventivas en las que colaboran de manera muy activa las Entidades Locales, de forma que la labor judicial no se circunscriba exclusivamente a la parte procesal, sino que se pueda difundir lo importante de acudir a estos servicios, mediante el número 012, mucho antes de que se produzca un lanzamiento de su casa.