Ley de Medidas Tributarias y Administrativas

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La Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, resulta un complemento necesario a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013. Introduce modificaciones en materia de tributos cedidos por el Estado y en las tasas y precios públicos de la Comunidad, además de adaptaciones en materia de personal y algunos cambios en la legislación de la Comunidad que, de una u otra forma, inciden en la actividad económica pública.

El título I contiene normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad para mejorar el nivel de recursos públicos disponibles desde una mayor progresividad fiscal.

De una parte incorpora cambios en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado, relativos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a la Tasa Fiscal sobre el Juego y a la tarifa autonómica en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

Además incluye modificaciones en la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, para establecer límites en la aplicación de exenciones y bonificaciones en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, clarificar los diferentes conceptos gravados por las tasas, y crear dos nuevas tasas: por informes de contratación del personal docente universitario y por reconocimiento de compatibilidad al personal de la Administración.

El título II modifica determinadas normas administrativas. En primer lugar la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Se modifica el régimen de jornada ordinaria del personal estatutario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud.

Se extingue el ente público de derecho privado Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, y se autoriza la extinción de la empresa pública PROVIL, SA.

Se elimina la percepción de indemnizaciones, incluidas dietas y gastos de locomoción, por parte de los miembros del Consejo Económico y Social por asistir a las reuniones de la institución.