El nuevo reglamento del Consejo de la Función Pública crea una comisión permanente.

EL NUEVO REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN CREA UNA COMISIÓN PERMANENTE

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy el Reglamento del Consejo de la Función Pública que regula la organización, funcionamiento y representatividad del órgano superior colegiado. Las novedades más significativas del texto son la constitución de una Comisión Permanente que se encargará de informar sobre los asuntos que el Pleno delegue y el incremento del número de miembros del personal en el Consejo, que pasan de 9 a 12. El fin de las modificaciones es dotar de más agilidad a este órgano y adaptarlo a la nueva Ley de la Función Pública.

La Comisión Permanente estará compuesta por un presidente, cargo que ejercerá el director general de la Función Pública, por una secretaría, puesto que desempeñará el propio secretario del Pleno, y por diversas vocalías. Éstas recaerán en tres representantes de la Administración pública (el secretario general de la Consejería que solicite el informe, el director de los Servicios Jurídicos y el director general competente en materia de presupuestos) y en los representantes de las distintas organizaciones sindicales presentes en el Consejo.

El pleno se reunirá en sesión ordinaria, al menos, cuatro veces al año y, con carácter extraordinario, cuando sea convocado por el presidente por iniciativa propia o por petición de un tercio de los vocales. Además de la Comisión Permanente, el decreto prevé Comisiones de Trabajo que tendrán carácter eventual.

El Consejo de la Función Pública de Castilla y León, integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario sin voto, desarrolla sus funciones a través del Pleno, en el que participan los cargos antes citados, además de catorce representantes de la Administración pública y doce miembros del personal designados por las fuerzas sindicales.

Las principales competencias del Consejo son emitir informes sobre los anteproyectos de Ley y las decisiones relevantes y disposiciones en materia de personal; proponer a los órganos responsables medidas para coordinar la política de personal y mejorar la organización interna y elaborar informes sobre los planes de empleo y otros asuntos relativos a esta materia.