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La Junta aprueba un Decreto-Ley de impulso de las actividades de servicios

Escudo de Castilla y León

El Decreto-Ley conlleva la modificación de una veintena de leyes autonómicas para adaptarlas a la Directiva Europea de Servicios

Estas medidas liberalizadoras facilitarán el establecimiento y la libre prestación de servicios en Castilla y León gracias a la eliminación de barreras que restringen la puesta en marcha de servicios o que dificultan los nuevos proyectos generadores de empleo. Con estas medidas, que incorporan reformas legales, el Gobierno autonómico prevé impulsar la creación de riqueza en la Comunidad, la generación de puestos de trabajo y la puesta en marcha de nuevos negocios, al introducir una importante simplificación en los trámites administrativas. Las estimaciones de la Junta apuntan a que la entrada en vigor de los cambios contenidos en el Decreto-Ley elevará el PIB (Producto Interior Bruto) de la Comunidad en un 1,1% durante los próximos tres años y permitirá la creación de entre 7.000 y 9.500 puestos de trabajo.

El Decreto-Ley al que ha dado visto bueno esta mañana el Consejo de Gobierno se estructura en torno a un preámbulo, seis títulos con 21 artículos, seis disposiciones adicionales, tres de carácter transitorio, una derogatoria y otras tres finales.  Las 20 leyes sectoriales modificadas corresponden a las doce consejerías y con los cambios aplicados buscan la liberalización y la simplificación a la hora de que los ciudadanos pongan en marcha empresas o servicios. En muchos casos lo que se hace con esta transposición es sustituir la autorización administrativa para poner en marcha un negocio o prestar algún tipo de servicio por una declaración responsable del ciudadano lo que simplifica los trámites y agiliza los plazos.

Más facilidades para la actividad comercial

Así, en el terreno comercial, se suprime la segunda licencia, o licencia de actividad, para la instalación de establecimientos que tengan una superficie de venta al público menor de 2.500 metros cuadrados. A partir de esta extensión sí que se debería solicitar la licencia ya que los estudios técnicos entienden que el impacto medioambiental y urbanístico necesitará de un control previo. No obstante, para la valoración se eliminan los requisitos de naturaleza económica y, además, se establece de manera expresa que si se produce "silencio administrativo", éste habrá de ser entendido de manera positiva.

También se simplifica el proceso para los casos de transmisión de un gran establecimiento comercial, en determinadas ampliaciones de las grandes superficies o en las integraciones en establecimientos comerciales colectivos al sustituir la licencia comercial por una comunicación previa. Asimismo, queda eliminada la prohibición para ejercer actividades comerciales minoristas y mayoristas en el mismo establecimiento. En su conjunto, se trata de cambios que vienen a dinamizar la actividad en este sector de nuestra economía en aras a conseguir un mayor y mejor servicio a los ciudadanos.

Impulso al sector turístico

Los cambios también afectan al sector turístico de modo que, a la hora de realizar determinadas actividades se sustituya la autorización administrativa por una declaración responsable de quien solicita la realización de esa actividad.

Esta modificación es aplicable tanto a los establecimientos como a quienes prestan servicios de este tipo establecidos, incluso, en otras comunidades o estados miembros. Así, los empresarios interesados en abrir un negocio turístico (hoteles, hostales, casas rurales, etc…) podrán hacerlo de forma inmediata con una declaración responsable, lo que simplifica los trámites administrativos que se aplicaban hasta el momento, de modo que se ahorran trámites que podían extenderse hasta seis meses.

De la misma manera y en relación con las agencias de viajes, se elimina el requisito  de la autorización previa para su establecimiento y se eliminan las incompatibilidades para realizar prestar otros tipo de actividades relacionadas con el turismo en estos establecimientos, todo ello en la línea de liberalización y dinamización que busca la Junta de Castilla y León.

De nuevo, estas actuaciones evitarán demoras y costes innecesarios en la implantación de empresas turísticas en la Comunidad, lo que redundará en la creación de empleo en el sector.

Cambios en la legislación medioambiental y de servicios sociales

Otras modificaciones implican novedades en aspectos relacionados con el medioambiente. Así, en el caso de las actividades que hasta ahora estaban sujetas a licencia y autorización ambiental se ha sustituido la autorización de puesta en marcha por una comunicación previa de inicio de actividad.

Tampoco será necesario realizar, de manera obligatoria, auditorias medioambientales ni tampoco será preceptivo que quienes elaboren estudios de evaluación de impacto ambiental cuenten con una homologación previa emitida por la Junta de Castilla y León. Esta reducción de los procesos administrativos se extiende a aspectos relacionados con el ruido, de tal manera que las entidades encargadas de realizar evaluaciones acústicas podrán ejercer dicha actividad mediante la presentación de una simple declaración responsable. Hasta ahora requerían de una autorización previa emitida por la Administración.

Esta misma simplificación en los trámites se aplica a la Ley de Mediación Familiar. Aquellas personas interesadas en ejercer esta actividad podrán hacerlo con una declaración responsable, lo que habilita para realizar estas tareas desde el mismo días en el que se presente el documento. Antes de la modificación era preceptivo estar inscrito en un Registro de Mediadores Familiares.

Como ya se ha señalado, muchas de estas modificaciones legislativas llevan implícita la reducción de trámites administrativos o el cambio en las fórmulas que hasta ahora los ciudadanos debían emplear para relacionarse con la Administración. Por ello, el Decreto-Ley también conlleva la modificación de la Ley de Gobierno de la Comunidad de modo que se establece la obligación de facilitar a los individuos los formularios los modelos de declaración responsable necesarios.

La directiva de servicios

La Directiva de Servicios 2006/123/CE entró en vigor a finales de 2006 y ha contado con un período de trasposición de tres años. Su objetivo fundamental es el de "alcanzar un auténtico mercado interior de servicios a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre los Estados Miembros".

En este mismo sentido, también pretende "facilitar la libertad de establecimiento" de quienes prestan los servicios en otros Estados Miembros, ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar su calidad.

En concreto, con el proceso de trasposición de esta Directiva la Junta de Castilla y León ha planteado una oportunidad para reducir trabas al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, lo que redunda en una mayor simplificación de los trámites y un incremento de la transparencia. Con ello se consigue también más eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, así como una mayor variedad calidad y variedad de los servicios a disposición de los ciudadanos y las empresas.

En nuestro país, el Gobierno central ha afrontado el proceso de transposición de la Directiva con la aprobación de tres normas. En primer lugar la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (coloquialmente Ley Paraguas) que ha sido aprobada por las Cortes Generales el pasado 29 de octubre  y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de noviembre. En segundo lugar, la Ley de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la citada Ley (también llamada Ley Ómnibus), que ya ha sido tramitada en el Senado, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado jueves y que afecta a 46 Leyes estatales. Por último, la Ley de reforma de la Ley de ordenación del comercio minorista que se encuentra aún en tramitación que previsiblemente no se culminará dentro del plazo fijado para realizar la transposición de la Directiva.

De forma paralela, la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de la Presidencia, ha coordinado a lo largo de los últimos 18 meses todo el procedimiento para realizar estas modificaciones legales y administrativas. Para ello se han mantenido más de una docena de reuniones con todos los departamentos del Ejecutivo autonómico cuya implicación ha sido esencial para presentar el Decreto-Ley que esta mañana ha aprobado el Consejo de Gobierno.

El sector servicios en Castilla y León

Cabe destacar que el sector servicios es el más importante, desde un punto de vista cuantitativo en el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León y representa el 60% del total. El comercio, la hostelería y los servicios a empresas son algunos de los subsectores más destacados.

Es, además, el núcleo más dinámico de la economía de la Comunidad, ya que entre 2000 y 2006 su actividad se ha incrementado en un 52%. Desde el año 2005 se ha producido un fuerte incremento en el la ocupación del sector, del 9,9%, lo que ha permitido que el porcentaje sobre el total de ocupados haya aumentado en 3,2 puntos porcentuales, desde el 60,2% en 2005 al 63,4% en 2008.

De acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), de las 170.626 empresas implantadas en Castilla y León con fecha 1 de enero de 2009, 129.895 tenían una actividad principal relacionada con el sector terciario. Esta cantidad representa el 76,1% del total de la Comunidad.

Al igual que sucede en el resto de economías más desarrolladas, el sector servicios es el más importante en la economía de Castilla y León en términos económicos y de empleo, y es también el que ha experimentado mayor desarrollo en los últimos años. En efecto, las actividades de servicios representan un 62,3% del PIB en Castilla y León y son un importante motor de nuestro crecimiento y creación de empleo.

Relación de leyes modificadas

Las leyes autonómicas modificadas son: Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad; Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales; Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio; Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales; Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo; Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza; Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental; Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido; Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas ; Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas; Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras; Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte; Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar; Ley 6/1994, de Sanidad Animal; Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía; Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario; Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial; Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales; y el anexo de la Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.