Administración Pública de Castilla y León
Administración Pública de Castilla y León
2 de marzo de 2012
Consejería de Hacienda
Premio al mejor proyecto en interoperabilidad en la categoría de Administración Autonómica
La plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Castilla y León, implantada por la Consejería de Hacienda, y desarrollada internamente en la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, dentro de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, se ha realizado utilizando los beneficios que las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ofrecen para reducir costes y ser más eficaces en la prestación de los servicios públicos, con otras Administraciones y dentro de la propia Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin que los ciudadanos y empresas tengan que preocuparse por recabar dicha información.
La Ilma. Directora General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, Isabel Valle de Juana, recogió en Madrid durante el II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad (CNIS), celebrado los días 22 y 23 de febrero, el premio al mejor proyecto en interoperabilidad en la categoría de Administración Autonómica.
Los ciudadanos y empresas de Castilla y León ya no tendrán que aportar muchos de los documentos que hasta ahora se precisaban a la hora de realizar sus solicitudes con nuestra Administración, si dicha información ya está en posesión de las distintas Administraciones Públicas.
Para ello, la Administración de nuestra Comunidad ha construido un sistema de intermediación que permite la transmisión de datos entre organismos sin que los ciudadanos y empresas tengan que fotocopiar los documentos para aportarlos cuando realicen sus trámites, en definitiva, el proceso resulta tan automático que los ciudadanos lo único que tienen que hacer es dar su consentimiento en la solicitud, para que el órgano que tramita dicha solicitud acceda a sus datos personales, olvidándose por completo de tener que acudir de ventanilla en ventanilla para recopilar documentos.
Este automatismo se aplica también para los empleados públicos que tienen que gestionar los expedientes, los cuales, previamente autorizados, acceden con su certificado digital y firman electrónicamente la consulta de los datos al proveedor del servicio correspondiente -otros órganos de nuestra propia Administración u otras Administraciones-, y una vez recibida la respuesta con los datos del ciudadano, ésta es transmitida electrónicamente al sistema para su visualización por el empleado público. Actualmente hay más de 1.600 empleados públicos que trabajan con este sistema informático.
Con la implantación de este sistema que se inició a mediados de 2008 y se ha ido avanzando en él, incorporando progresivamente más tipos de certificados a intermediar y por tanto, evitar pedírselos a los ciudadanos, en la actualidad, hay 24 tipos de documentos que ya no es necesario presentar en las oficinas administrativas, ni en las solicitudes que se realicen electrónicamente en un gran volumen de procedimientos administrativos.
Los tipos de certificados intermediados con otras Administraciones Públicas son entre otros.
Este intercambio de información no solo afecta a los datos ofrecidos por otras Administraciones, puesto que también dentro de nuestra propia Administración, intercambiamos electrónicamente entre los centros directivos los certificados de Título de Familia Numerosa y la consulta de datos de discapacidad.
Las consultas electrónicas realizadas hasta la fecha con este sistema son 2.200.000, lo que implica a ciudadanos y empresas, un importante ahorro en tiempo, desplazamientos y fundamentalmente económico.
El sistema sigue avanzando, estando actualmente en pruebas con otros tres certificados de otras Administraciones, e internamente con otros tres tipos de certificados, para de esta forma, conseguir reducir también los tiempos y plazos en la actividad administrativa, al mismo tiempo que se logra tener una Administración más segura y conectada.
El premio otorgado ha sido un reconocimiento al esfuerzo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por implantar proyectos innovadores que aporten ahorros y soluciones concretas a las demandas de los ciudadanos así como mejorar la calidad de los servicios prestados, asimismo supone un impulso para seguir ampliando el sistema.
