Día Universal de los Derechos de la Infancia

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Cada 20 de noviembre se celebra, en todo el mundo, el Día Universal de la Infancia y, en este año, además conmemoramos el  XXVII aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Junta de Castilla y León se suma a esta celebración reconociendo y felicitando a las ONGD que trabajan en la defensa y cumplimiento de estos derechos, sobre todo, en los países en desarrollo, en los que viven en circunstancias especialmente desfavorables.

La Declaración Universal afirma que, por su falta de madurez física y mental, los niños y niñas necesitan protección y cuidados especiales, incluso legales.Los 10 artículos que la componen hacen referencia a derechos fundamentales como: 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política...
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

La Convención sobre los Derechos del Niño, recoge los derechos de la infancia y es el primer instrumento internacional que econoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. En él, se señala el papel crucial de la cooperación al desarrollo para que estos derechos se hagan realidad, pero aún siendo el tratado internacional más ratificado de la historia y jurídicamente vinculante, su aplicación práctica está lejos de cumplirse en numerosos rincones del planeta.

Dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron definidos por los líderes internacionales durante la Cumbre del Milenio del 2000 para contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad, incumben de forma directa a la infancia: el segundo, “lograr la educación primaria universal” y el cuarto “reducir la mortalidad infantil”.

Aunque se producen avances, 6 millones de niños mueren cada año por causas que se podrían evitar mediante el acceso a servicios básicos de salud y a una nutrición adecuada. Las principales causas de muerte entre los menores de 5 años son la neumonía, la diarrea, las complicaciones en el parto y la malaria.

Tanto en el artículo 8 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, como en el II Plan Director de la Cooperación al Desarrollo 2013-2016, se reconoce a los niños y niñas como un grupo de población vulnerable, sobre los que hay que actuar de manera preferente. Los desastres naturales, los conflictos armados, las epidemias o el hambre inciden siempre y con más fuerza sobre la población más desprotegida y es responsabilidad de todos velar por el cumplimiento de sus derechos, por su bienestar y por su amparo. 

La Junta de Castilla y León, en su compromiso solidario, utiliza el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos de manera transversal en las intervenciones que apoya. Incluir un enfoque  que atiende a los derechos de la infancia, contribuye a que se produzcan las transformaciones sociales, económicas y jurídicas necesarias para hacer del mundo un lugar más justo y habitable para todos. 

Durante los dos últimos años, la Junta de Castilla y León ha apoyado con  1.037.000€, 17 proyectos vinculados a la adecuada protección y cuidado del menor;  intervenciones focalizadas en el cumplimiento del derecho a la educación de los niños;  centradas en hacer efectivo su derecho humano a la salud; y dirigidas a paliar la situación de aquellos menores que viven en campamentos de refugiados.

Incluyendo, además, en todas las intervenciones, el respeto a las peculiaridades culturales y sociales de las minorías éticas o culturales.

Las instituciones y la sociedad civil debemos responder a este reto y seguir luchado para que el cumplimiento de los derechos la infancia se convierta en una realidad en todos los países del mundo.