Las Directrices aprobadas parten de la consciencia de su naturaleza instrumental para la consecución de los Objetivos en Castilla y León. Nacían de la apuesta parlamentaria e institucional de “localizar” la satisfacción de los ODS en el territorio de la Comunidad, bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”.
Pasados dos años desde su aprobación y, de nuevo, como resultado de una acción conjunta en ejercicio de una visión compartida por la Administración de la Comunidad, procede hacer ahora una revisión crítica de los efectos y consecuencias de las Directrices inicialmente planteadas.
Con fecha 21 de enero de 2021 se ha informado a la Comisión de Secretarios Generales de la Primera Evaluación de las Directrices de Implementación de la Agenda 2030. La premisa de partida es la de servir de elemento de juicio en la planificación y en la toma de decisiones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Además la Evaluación ha considerado la singular respuesta institucional a la situación provocada por la crisis derivada de la pandemia vírica. Y es que las políticas públicas, que, por definición, acompañan a la sociedad en su desarrollo ordinario, en la presente situación se han visto, de forma singularmente flexible, adaptadas a la nueva realidad y a las nuevas necesidades surgidas. Así se ha introducido un apartado específico relativo a la acción pública reactiva ante la nueva situación económica y social de los castellanos y leoneses.