Administración Pública de Castilla y León
Administración Pública de Castilla y León
FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, Javier
Partiendo de la premisa recogida en el artículo 43.1 de la Constitución Española, que reconoce el «derecho a la protección de la salud», y el artículo 14 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, que establece la garantía de una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos relativos a su seguridad y salud en el trabajo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce al trabajador un derecho de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo en este campo el derecho a la vigilancia de la salud, establecida y regulada en su artículo 22 como un deber instrumental del empresario respecto a quien para él preste servicios, y que viene a consistir en detectar los efectos que pueden provocar en la persona del trabajador los riesgos inherentes a su trabajo, manifestándose a través de una alteración de su salud, ya sea física o mental.
Este precepto ha venido a construir un sistema amplio y complejo de vigilancia de la salud dotado de no pocos y variados fundamentos y cuestiones de evidente interés, tanto a nivel doctrinal como práctico, entre los cuales cabe destacar las importantes connotaciones que implican su voluntariedad u obligatoriedad, el necesario consentimiento, o el respeto a la intimidad, la dignidad de la persona y la confidencialidad de los datos de salud obtenidos en el marco de los reconocimientos médicos efectuados a los trabajadores.
El tratamiento que estas cuestiones reciben en el ámbito de la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de Castilla y León resulta variado. El análisis de los múltiples convenios colectivos dibuja un panorama en el cual cabe hacer referencia a extremos tan opuestos como la simple remisión a la normativa legal o el incumplimiento directo de la misma, la más absoluta falta de previsión al respecto o la regulación profundamente detallada de la materia.
Artículo
1 de mayo de 2008
