Administración Pública de Castilla y León
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CALDERÓN CUADRADO, Mª Pía
Este estudio es sobre todo una invitación a la reflexión ante un tema, la impugnación penal, de indudable actualidad. Lo es, de un lado, por su nada desdeñable repercusión internacional, consecuencia de los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la casación española y el eventual incumplimiento de los postulados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (según su artículo 14.5 toda persona declarada culpable por la comisión de un hecho delictivo tiene derecho a que la sentencia condenatoria dictada sea revisada por un tribunal superior). Lo es, de otro, por la pretendida y más que probable renovación de la normativa procesal interna, renovación con la que se persigue afrontar la siempre deseada y ya inaplazable modernización de la justicia penal en nuestro país. A ello responde, si bien de nuevo parcialmente, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal. La llamada a la reflexión está, pues, justificada, máxime cuando el proceso penal proyectado se termina estructurando en torno a una instancia única y, aunque sorprenda, dos recursos extraordinarios sucesivos. El primero, generalizado, es la apelación; el segundo, restringido en principio a delitos de cierta gravedad, es la casación para unificación de doctrina. El trabajo que se presenta es una aproximación a esa futura regulación, a sus virtudes, inconvenientes y posibles mejoras. Precisamente por ello, una de sus conclusiones gira en torno a la desaparición en el orden penal, y salvo en procesos de menores, del criterio del doble grado jurisdiccional. Ni que decir tiene que los interrogantes abiertos, desde la perspectiva incluso del derecho al recurso, son numerosos.
Artículo
1 de enero de 2008
