Administración Pública de Castilla y León
Administración Pública de Castilla y León
La Ley de Fundaciones de Castilla y León establece la obligación de que los Patronatos de las Fundaciones comuniquen al Protectorado la realización de los actos y negocios jurídicos más relevantes con el objeto de que por este órgano administrativo se verifique la legalidad de funcionamiento de las mismas.
De conformidad con lo dispuesto en dicha Ley, el Protectorado, una vez comprobada la legalidad de lo actuado, promoverá las inscripciones que procedan en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, por lo que los actos o negocios que se comunican deberán constar en el tipo de documento que en cada caso tenga la consideración de título inscribible en el Registro.
